NIÑOS ROBADOS: TRES MINISTROS ASEGURAN QUE TRABAJARÁN JUNTO A LAS ASOCIACIONES DE AFECTADOS
España
Periódico Diagonal
Seis asociaciones de niños robados se han reunido hoy con los ministros de Justicia, Interior y Sanidad. A la misma hora acudía a los juzgados la monja sor María Goméz Valbuena, que se negó a declarar. El ministro no habla de juzgar a los culpables que aún viven.
 |
| Sor María Gómez Valbuena a la salida de los juzgados de Plaza Castilla, 12 de abril de 2012. Foto: David Fernández. |
España
Periódico Diagonal
Seis asociaciones de niños robados se han reunido hoy con los ministros de Justicia, Interior y Sanidad. A la misma hora acudía a los juzgados la monja sor María Goméz Valbuena, que se negó a declarar. El ministro no habla de juzgar a los culpables que aún viven.
MARÍA JOSÉ ESTESO POVES (REDACCIÓN)
Seis asociaciones de bebés robados del Estado español se han reunido esta mañana con los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato y el ministro del Interior, Jorge Fernández, además del Fiscal General del Estado, Enrique Torres-Dulce y la fiscal designada, hasta ahora, para el caso de los niños robados, Ana Murillo, para coordinar las actuaciones en torno al caso de los bebés robados.
En el encuentro, que ha durado tres horas, se han puesto sobre la mesa las peticiones de las asociaciones al Gobierno, recogidas en un documento consensuado por todas las organizaciones de bebés robados y que ya fue presentado el 20 de febrero.
En el informe se resumen los puntos sobre los que debe trabajar el Gobierno para la búsqueda de los bebés robados y en lo que se refiere a las denuncias ya presentadas, que según las asociaciones de afectados son más de 1.800, de entre “los miles de niños robados”, que estiman se han producido entre los años ‘60 y ’90.
Seis asociaciones de afectados
A la cita con el ministerio han sido convocados Mar Soriano, de la Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España Causa niños robados; Antonio Barroso de Anadir; Enrique Vila por SOS Bébes Robados estatal; Guillermo Peña, abogado de SOS bebés robados de Madrid; Marina Palomo de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa) y representantes del Colectivo Canario de bebés robados.
Otros dos representantes que han reclamado asistir y cuya petición no ha sido atendida, han sido Soledad Luque, de las asociación Todos Los Niños Robados son También Mis Niños y Eduardo Raya, abogado de Granada, padre de una niña robada que sí fue convocado en anteriores reuniones, y que asegura que el Instituto de Toxicología “falsificó las pruebas de ADN de su hija" porque asegura que "hay alguien importante implicado", según ha declarado esta mañana a DIAGONAL.
Antes de iniciarse la reunión en el Ministerio de Justicia, varios representantes de los afectados por el robo de niños han manifestado a este periódico su escepticismo con frases como: “de aquí no va a salir nada”. A la salida de la reunión, algunos portavoces, se han mostrado más esperanzados, aunque aseguraron a este medio que: "un ministro y un Gobierno que es capaz de cambiar el código penal en la línea de lo que se propone hoy no va a perseguir a los culpables del robo de bebés...", ha declarado hoy uno de los abogados de las familias afectadas.
En rueda de prensa, Gallardón, acompañado de la ministra Ana Mato, Jorge Fernández y el Fiscal General Torres-Dulce, anunció los acuerdos adoptados con los representantes de las familias de bebés robados. Gallardón dijo que “el Gobierno no va desfallecer y va a hacer este camino [la búsqueda de bebés] junto con las asociaciones”.
Aseguró que esta colaboración de Justicia en la búsqueda de niños robados “no es excluyente de otras asociaciones que tengan interés en colaborar con el Gobierno a través de las oficinas de víctimas” que se van a poner en marcha. En este punto las asociaciones de memoria histórica manifestaron hace una semana su interés para que se investiguen también los casos de bebés robados tras el golpe de Estado, causa abierta ya en Argentina por la jueza María Servini y que en junio viene a tomar declaraciones a los afectados por los crímenes del franquismo, entre ellos los casos de niños robados.
Gallardón aseguró esta mañana que las asociaciones les han planteado los problemas que han tenido “en las búsquedas y en el derecho a la identidad al que tiene cualquier ser humano y por tanto a conocer su filiación” dijo Gallardón. Explicó que durante el encuentro escucharon a todas las asociaciones y que han “compartido el dolor con ellas cuando algunas personas nos han dado el relato de su propia experiencia…”.
Según Gallardón hoy se ponen en marcha unos mecanismos “para un recorrido que será tan complejo, como extenso, un drama tan terrible” y que “el Gobierno va a insistir y a llegar donde se pueda llegar”, afirmó. Anunció que se va a crear un banco nacional de ADN que estará instalado en el Instituido Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses punto que estaba entre las peticiones de los afectados. Hasta ahora era un laboratorio privado el que llevaba a cabo la recogida de ADN de los afectados y cuenta con un bando de datos de ADN privado .
Así mismo, dijo que se iba a crear un censo de afectados por el robo de bebés, en el que las asociaciones tendrán que "pasar la documentación en su poder al Ministerio de Justicia". Este hecho no convence a todos los representantes que temen que su trabajo se vea frustrado, según han manifestado a este medio.
También se ha manifestado que la fiscalía del Estado va a tratar de aunar criterios en la actuación de todos los fiscales territoriales y para ello y para el seguimiento de las denuncias presentadas por el robo de bebés se crea una secretaría técnica que será la coordinadora de los procesos abiertos al frente de la cual estará la fiscal María de la O Silva.
Además, desde el ministerio del Interior, el comisario general de la Policía judicial formará parte del equipo que investigará los robos de bebés. “Sanidad también se va a coordinar con las administraciones para llevar a cabo las actuaciones que sean pertinentes”.
El ministro también prometió que los ministerios se van a coordinar con las administraciones territoriales para facilitar la entrega de documentación, “peticiones de datos que se harán a través del ministerio“, en los cementerios, archivos médicos y las Administraciones.
La prescripción de los delitos
Gallardón se ha negado a responder a las preguntas de los periodistas sobre la reforma del código penal que era de lo que se hablaba en los pasillos a la espera de la rueda de prensa.
El fiscal general del Estado, Enrique Torres Dulce, manifestó que “se va a dar una atención prioritaria a las víctimas” por los delitos penales que se han cometido y “porque se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la identidad y a la dignidad”.
Además, el fiscal general de Estado, aseguró que: “Estamos acumulando toda la información de diligencias” en el caso de los niños robados y se van examinar los “criterios de calificación de estos delitos”.
El fiscal contempla la prescripción de estos delitos y se refirió a ello en la rueda de prensa como el “complejo tema de la prescripción”. Este tema es el caballo de batalla de los abogados de las asociaciones que defienden que los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir.
Por eso, tanto Gallardón como el Fiscal General del Estado Torres-Dulce, calificaron estos hechos como "delitos" o "hechos terribles" pero evitaron calificar los robos de bebés como crímenes de lesa humanidad como sí lo han hecho organizaciones internacionales de derechos humanos.
Ante una pregunta de un periodista francés sobre si le preocupa al Gobierno la imagen que se está dando sobre el robo de bebés, Gallardón ha dicho : “La imagen de España es la que usted ve aquí (…) ante estos hechos no le quepa duda de que nos avergonzamos".
Juzgar a los culpables
En este punto, en el de la prescripción de los delitos, Fernando Magán, abogado de la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España Caso Bebés Robados, manifestó a este periódico que “los hechos no han prescrito porque los bebés robados, hoy adultos, no han aparecido”, y porque fue "un delito continuado y con un concierto previo, y eso -asegura- ya suficientemente demostrado con la investigación y los documentos en poder de las familias y las asociaciones".
Según portavoces y abogados, el ministro se ha pronunciado en la búsqueda, pero no aclara si se va a juzgar a los culpables que todavía están vivos. Enrique Vila, abogado de SOS Bebés, que defiende numerosos casos de Valencia, se mostró pesimista porque asegura que después de estas buenas "palabras se van a seguir archivando denuncias". Según Mar Soriano: “En términos de la búsqueda de bebés estamos satisfechos y confíanos en las palabras del ministro. Otra cosa -manifestó- es que se haga justicia y se juzgue a los culpables”.
Precisamente, a la misma hora en la que se iniciaba el encuentro entre los ministros y asociaciones de afectados por el robo de bebés, la monja sor María Gómez Valbuena acudía a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid para declarar.
El juez Adolfo Carretero del juzgado 47 de Madrid había convocado inicialmente la vista para el día 17 de abril, pero hace unos días adelantó la cita a la que debía acudir Gómez Valbuena.
María Luisa Torres, una madre a la que la monja arrebató a su hija nada más en 1982, ha denunciado a la religiosa y la querella ha sido admitida. Torres ha encontrado a la niña robada hace un año, pasados 29 años del nacimiento de su hija. Es la primera imputada por el caso de bebés robados.
Sor María Gómez Valbuena acudió una hora antes al juzgado y entró por la puerta trasera de los juzgados custodiada por varios policías. Por segunda vez se ha negado a declarar. A su salida, de nuevo custodiada por numerosos policías, ha sido increpada por varios afectados congregados a las puertas de los juzgados.
La religiosa fue asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina, en O’Donnell durante treinta años. Decenas de familias la acusan del robo de sus bebés.
Seis asociaciones de bebés robados del Estado español se han reunido esta mañana con los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato y el ministro del Interior, Jorge Fernández, además del Fiscal General del Estado, Enrique Torres-Dulce y la fiscal designada, hasta ahora, para el caso de los niños robados, Ana Murillo, para coordinar las actuaciones en torno al caso de los bebés robados.
En el encuentro, que ha durado tres horas, se han puesto sobre la mesa las peticiones de las asociaciones al Gobierno, recogidas en un documento consensuado por todas las organizaciones de bebés robados y que ya fue presentado el 20 de febrero.
En el informe se resumen los puntos sobre los que debe trabajar el Gobierno para la búsqueda de los bebés robados y en lo que se refiere a las denuncias ya presentadas, que según las asociaciones de afectados son más de 1.800, de entre “los miles de niños robados”, que estiman se han producido entre los años ‘60 y ’90.
Seis asociaciones de afectados
A la cita con el ministerio han sido convocados Mar Soriano, de la Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España Causa niños robados; Antonio Barroso de Anadir; Enrique Vila por SOS Bébes Robados estatal; Guillermo Peña, abogado de SOS bebés robados de Madrid; Marina Palomo de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa) y representantes del Colectivo Canario de bebés robados.
Otros dos representantes que han reclamado asistir y cuya petición no ha sido atendida, han sido Soledad Luque, de las asociación Todos Los Niños Robados son También Mis Niños y Eduardo Raya, abogado de Granada, padre de una niña robada que sí fue convocado en anteriores reuniones, y que asegura que el Instituto de Toxicología “falsificó las pruebas de ADN de su hija" porque asegura que "hay alguien importante implicado", según ha declarado esta mañana a DIAGONAL.
Antes de iniciarse la reunión en el Ministerio de Justicia, varios representantes de los afectados por el robo de niños han manifestado a este periódico su escepticismo con frases como: “de aquí no va a salir nada”. A la salida de la reunión, algunos portavoces, se han mostrado más esperanzados, aunque aseguraron a este medio que: "un ministro y un Gobierno que es capaz de cambiar el código penal en la línea de lo que se propone hoy no va a perseguir a los culpables del robo de bebés...", ha declarado hoy uno de los abogados de las familias afectadas.
En rueda de prensa, Gallardón, acompañado de la ministra Ana Mato, Jorge Fernández y el Fiscal General Torres-Dulce, anunció los acuerdos adoptados con los representantes de las familias de bebés robados. Gallardón dijo que “el Gobierno no va desfallecer y va a hacer este camino [la búsqueda de bebés] junto con las asociaciones”.
Aseguró que esta colaboración de Justicia en la búsqueda de niños robados “no es excluyente de otras asociaciones que tengan interés en colaborar con el Gobierno a través de las oficinas de víctimas” que se van a poner en marcha. En este punto las asociaciones de memoria histórica manifestaron hace una semana su interés para que se investiguen también los casos de bebés robados tras el golpe de Estado, causa abierta ya en Argentina por la jueza María Servini y que en junio viene a tomar declaraciones a los afectados por los crímenes del franquismo, entre ellos los casos de niños robados.
Gallardón aseguró esta mañana que las asociaciones les han planteado los problemas que han tenido “en las búsquedas y en el derecho a la identidad al que tiene cualquier ser humano y por tanto a conocer su filiación” dijo Gallardón. Explicó que durante el encuentro escucharon a todas las asociaciones y que han “compartido el dolor con ellas cuando algunas personas nos han dado el relato de su propia experiencia…”.
 |
| Rueda de prensa de los representantes de las asociaciones de niños robados tras el encuentro en el ministerio de Justicia, 12 de abril de 2012. / Foto: Álvaro Minguito. |
Así mismo, dijo que se iba a crear un censo de afectados por el robo de bebés, en el que las asociaciones tendrán que "pasar la documentación en su poder al Ministerio de Justicia". Este hecho no convence a todos los representantes que temen que su trabajo se vea frustrado, según han manifestado a este medio.
También se ha manifestado que la fiscalía del Estado va a tratar de aunar criterios en la actuación de todos los fiscales territoriales y para ello y para el seguimiento de las denuncias presentadas por el robo de bebés se crea una secretaría técnica que será la coordinadora de los procesos abiertos al frente de la cual estará la fiscal María de la O Silva.
Además, desde el ministerio del Interior, el comisario general de la Policía judicial formará parte del equipo que investigará los robos de bebés. “Sanidad también se va a coordinar con las administraciones para llevar a cabo las actuaciones que sean pertinentes”.
El ministro también prometió que los ministerios se van a coordinar con las administraciones territoriales para facilitar la entrega de documentación, “peticiones de datos que se harán a través del ministerio“, en los cementerios, archivos médicos y las Administraciones.
La prescripción de los delitos
Gallardón se ha negado a responder a las preguntas de los periodistas sobre la reforma del código penal que era de lo que se hablaba en los pasillos a la espera de la rueda de prensa.
El fiscal general del Estado, Enrique Torres Dulce, manifestó que “se va a dar una atención prioritaria a las víctimas” por los delitos penales que se han cometido y “porque se vulneran derechos fundamentales como el derecho a la identidad y a la dignidad”.
Además, el fiscal general de Estado, aseguró que: “Estamos acumulando toda la información de diligencias” en el caso de los niños robados y se van examinar los “criterios de calificación de estos delitos”.
El fiscal contempla la prescripción de estos delitos y se refirió a ello en la rueda de prensa como el “complejo tema de la prescripción”. Este tema es el caballo de batalla de los abogados de las asociaciones que defienden que los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir.
Por eso, tanto Gallardón como el Fiscal General del Estado Torres-Dulce, calificaron estos hechos como "delitos" o "hechos terribles" pero evitaron calificar los robos de bebés como crímenes de lesa humanidad como sí lo han hecho organizaciones internacionales de derechos humanos.
Ante una pregunta de un periodista francés sobre si le preocupa al Gobierno la imagen que se está dando sobre el robo de bebés, Gallardón ha dicho : “La imagen de España es la que usted ve aquí (…) ante estos hechos no le quepa duda de que nos avergonzamos".
Juzgar a los culpables
En este punto, en el de la prescripción de los delitos, Fernando Magán, abogado de la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España Caso Bebés Robados, manifestó a este periódico que “los hechos no han prescrito porque los bebés robados, hoy adultos, no han aparecido”, y porque fue "un delito continuado y con un concierto previo, y eso -asegura- ya suficientemente demostrado con la investigación y los documentos en poder de las familias y las asociaciones".
Según portavoces y abogados, el ministro se ha pronunciado en la búsqueda, pero no aclara si se va a juzgar a los culpables que todavía están vivos. Enrique Vila, abogado de SOS Bebés, que defiende numerosos casos de Valencia, se mostró pesimista porque asegura que después de estas buenas "palabras se van a seguir archivando denuncias". Según Mar Soriano: “En términos de la búsqueda de bebés estamos satisfechos y confíanos en las palabras del ministro. Otra cosa -manifestó- es que se haga justicia y se juzgue a los culpables”.
Precisamente, a la misma hora en la que se iniciaba el encuentro entre los ministros y asociaciones de afectados por el robo de bebés, la monja sor María Gómez Valbuena acudía a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid para declarar.
El juez Adolfo Carretero del juzgado 47 de Madrid había convocado inicialmente la vista para el día 17 de abril, pero hace unos días adelantó la cita a la que debía acudir Gómez Valbuena.
María Luisa Torres, una madre a la que la monja arrebató a su hija nada más en 1982, ha denunciado a la religiosa y la querella ha sido admitida. Torres ha encontrado a la niña robada hace un año, pasados 29 años del nacimiento de su hija. Es la primera imputada por el caso de bebés robados.
Sor María Gómez Valbuena acudió una hora antes al juzgado y entró por la puerta trasera de los juzgados custodiada por varios policías. Por segunda vez se ha negado a declarar. A su salida, de nuevo custodiada por numerosos policías, ha sido increpada por varios afectados congregados a las puertas de los juzgados.
La religiosa fue asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina, en O’Donnell durante treinta años. Decenas de familias la acusan del robo de sus bebés.
Fuente: Periódico Diagonnal
Licencia: Creative Commons
Es terrible pensar que ha estado ocurriendo hasta 1982. Me pone los pelos de punta. Qué gente sin corazón. Y esta mujer, monja, ¿qué pensamientos "cristianos" la llevaron a semejantes hechos?
ResponderEliminarUna abrazo
Es que lo que ha hecho esta gente no tiene nada de cristiano, Teresa. Son seres corruptos y amorales, carentes de corazón y de ética.
EliminarY por añadidura, el gobierno evade su responsabilidad, si se conforma con crear un banco de ADN -que está muy bien-, pero es claramente insuficiente ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben; pero el gobierno no está por la labor de enjuiciar a quienes han cometido un crimen que hace temblar el Estado de Derecho.
Un afectuoso abrazo
Rita